El discurso que predomina sobre el periodo de bonanza nos habla de 25 años de crecimiento y finanzas sanas, identificando una línea de tiempo continua desde las reformas neoliberales del fujimorismo de los noventa, hasta que supuestamente la tramitología, la corrupción de Odebrecht o los huaicos nos frenaron. 

Se oculta así que entre 1997 y el 2002 el Perú sufrió una fuerte recesión, y que cuando Fujimori fugó a Japón y Montesinos a Panamá no solo nos dejaron tremendo lío político y social, sino también económico.

El impacto de la crisis asiática primero (1997) y de la rusa después (1999) nos dio en el suelo. Las privatizaciones y desregulaciones hechas en el marco del Consenso de Washington no alcanzaron, y la gestión macroeconómica fujimorista, más allá del festín de la renegociación de la deuda externa y otros delitos económicos y financieros descubiertos luego, fue mala. No supieron acumular reservas, ni usar herramientas monetarias, cambiarias o fiscales para encarar el problema.

Eso recién se corrigió a partir del 2002, poco antes de que las decisiones en las bancas centrales de Estados Unidos y sus aliados disparen el precio de los metales y hagan que los capitales de corto plazo entren con todo a países como el Perú. Los mercados de nuestras exportaciones no tradicionales en ese contexto (agroindustria, textiles, etc.) también se expandieron.

A partir del 2003 y bajo estas condiciones externas, la economía creció a buen ritmo, salvo por 5 meses entre 2008 y 2009 tras el primer estallido de la crisis global.

Al calor del auge, la tecnocracia neoliberal adquirió prestigio y se hicieron más ricos los actuales dueños del Perú: Benavides (Yanacocha), Rodríguez-Pastor (Interbank), Romero (BCP), Brescia (TASA) y otros especialmente ligados al sector extractivo y financiero.

Hoy que los precios de los metales volvieron a niveles pre boom, los capitales se replegaron y los TLC no sirven de mucho, se evidencia que nunca iniciamos una proyección de la estructura socioeconómica capitalista de primer mundo como nos hicieron creer. Se desarrolló más bien un poder corporativo vía lobbies y puertas giratorias. Los salarios no acompañaron a la productividad ni a las utilidades, y se prefirió redistribuir endeudando a la gente, antes que pagándole mejor.

Acabada la fiesta, ni el club empresarial beneficiado con el boom, ni “la mejor tecnocracia” hoy en el gobierno, saben cómo relanzar la economía. No tienen visión. Solo saben de obras por impuestos o asociaciones público-privadas para asegurar que la inversión pública en tiempos de crisis garantice negocios particulares.

Tienen claro además que el pacto económico de los artículos 60, 62 y 66 de la Constitución fujimorista de 1993 (Estado subsidiario, contratos ley con la inversión y propiedad privada de los recursos naturales) debe mantenerse. Ese legado del fujimorismo económico es la pelea central. El pacto de impunidad que se cocina en las alturas, indulto incluido, tiene eso de fondo.