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Julio Arbizu: “La corrupción se presenta ahora como intereses privados instalados en el Estado para favorecerse”

Exprocurador anticorrupción afirma además que la Contraloría no sirve de nada, la OSCE funciona mal y la CAN ha fracasado.

Publicado: 2015-06-30

Para Julio Arbizu González la corrupción avanza en el Perú porque no hay una lógica sistémica en la respuesta estatal y todos los mecanismos de control existentes están en crisis. 

Su diagnóstico es preocupante: la Contraloría General de la República “llega mal y tarde” a todos los actos que han significado pérdida de recursos públicos; el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) no logra evitar que la mayor cantidad de actos de corrupción se de en las compras estatales; y la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) se ha estrellado contra el propio gobierno y el poder de la CONFIEP a la hora de mejorar el marco normativo e institucional.

En esta charla, el exprocurador conocido como quien embargó las casas de los corruptos de los noventa para asegurar el cobro de las reparaciones civiles, pide poner atención en el aspecto público-privado de la corrupción actual. Especialmente, cuando los tecnócratas parecen favorecer intereses particulares antes que los de la colectividad.


-¿Por qué a pesar de las tantas denuncias públicas y los organismos estatales encargados del tema, hay una fuerte percepción de que la corrupción avanza?
-Porque es cierto que avanza, pero también es verdad que ha tenido hitos de mayor intensidad. Estoy hablando de la década de los noventa. No hay un suceso de la historia republicana del país que se compare con la dimensión de la corrupción en ese periodo. Pero yo creo que avanza, no se detiene y no se percibe una lucha eficiente porque no termina de conformarse un sistema anticorrupción.
-¿Y dónde hay que poner el énfasis?
-Hay una cantidad importante de delitos de encuentro en la medida en que confluyen sector privado y sector público. Ya no es posible sostener que la corrupción es exclusivamente del funcionario público. Hay acuerdos, actos colusorios entre ambos sectores. Yo creo que hay que poner el ojo allí, porque la corrupción ha pasado de ser un problema estatal y patrimonial, a ser un problema de modelo de Estado, además claro de ser un problema de derechos, porque con cada acto de corrupción se vulneran derechos fundamentales.
-¿Cómo se da ese encuentro entre lo privado y lo público para favorecer la corrupción?
-En la forma de captura del Estado, que consiste en que intereses privados que se superponen a los intereses colectivos, se van instalando en diferentes espacios del Estado para gestar políticas públicas que los favorecen. Eso tiene que ver además con lo que se conoce como “la puerta giratoria”, que se expresa en el sujeto que pasa del ámbito privado, al ámbito público para favorecer los intereses que no ha dejado de representar. Entonces, esos esquemas que no eran los de antes y que son nuevos merecen una respuesta distinta. En primer lugar un estudio de lo que está pasando.
-En esa línea, ¿cómo caracterizas a la corrupción?
-Hay tipos de corrupción de acuerdo al nivel y a la estructura. Hay corrupción administrativa o pequeña corrupción que es la que está en los espacios más domésticos de interacción entre el funcionario y el ciudadano. De igual modo hay asuntos de gran corrupción que implican mucho dinero, como en las contrataciones públicas. Sin embargo, al mismo tiempo hay diferentes formas de corrupción según su estructura. La de los noventa supuso una captura del Estado desde adentro. Había una especie de sistema público paralelo, informal, que se iba gestando desde la misma administración pública para capturar todas las instituciones del Estado. Eso no existe ahora. Nadie podría decir que en la actualidad hay una organización criminal que obedezca los designios de dos personas en particular, y que pueda suponer en la estructura media de la pirámide piezas fungibles que pueden ser cambiadas cuando quieran y que obedecen siempre al mandato al líder de la organización.
-¿Qué es lo que hay ahora?
-Hay núcleos segmentados de corrupción. Se ha transformado esa idea de aparato unívoco, en muchos aparatos. Claro que ni la organización criminal de los noventa, ni estos núcleos segmentados de hoy, dejan de ser sistemas en rigor. Hay comunicación entre sus miembros, hay una lógica de transversalidad en algunos surgimientos de pequeños intereses. (Rodolfo) Orellana por ejemplo es un sujeto que intentó transversalizar esos núcleos segmentados de corrupción y se aprovechó de eso. Siempre hay una lógica sistémica en la corrupción. En cambio, del otro lado, del lado del Estado nunca ha habido una lógica sistémica.
-Si con Fujimori-Montesinos los gestores de intereses privados tenían que negociar directamente con ellos, bajo la lógica actual de núcleos segmentados, ¿van directamente con los ministerios?
-Absolutamente. Tiene que ver con la lógica del modelo que se ha ido imponiendo, perfeccionando y haciendo cada vez más sentido común.
-Por ejemplo los correos que Cecilia Blume envío a los ministros Castilla, Von Hesse y Cornejo en relación a intereses de las empresas donde ella es directora.
-Si te das cuenta, además se nota una lógica de iguales. Esos ministros parecen ser menos parte del Estado y más parte de un grupo de gente interesada en determinados beneficios.
-¿Una especie de cofradía?
-Hay una cofradía integrada por esta nueva casta que se ha venido a llamar los tecnócratas. Hay una idea de que son tan eficientes y eficaces que siempre hay que consultar con ellos en desmedro de los políticos.
-¿Y ahí se produce la corrupción?
-Sin duda. Es lo que dije la vez pasada cuando me preguntaron sobre los niveles de percepción que tiene como corrupto PPK. Si es conocido absolutamente que este señor es un gestor de intereses privados, no es difícil darse cuenta lo inconveniente que puede ser que él sea un representante de los ciudadanos, es decir que ingrese al ámbito público. Va a preferir lo que siempre hizo: favorecer intereses privados en desmedro de los intereses colectivos. Es lógico pero además es absolutamente pernicioso.
-¿Dirías que hay una crisis del sistema de control en el Perú?
-Sí. Por ejemplo, creo que en este momento, si se tomase la decisión de desaparecer la Contraloría no pasaría nada porque –entre otras cosas- si alguien hiciera un estudio serio de cuantos de los informes especiales de la -Contraloría van a parar con los investigados en procesos judiciales, te darías cuenta de que ninguno. El gran fracaso de la Contraloría está reflejado con mucha nitidez en la crisis del sistema de descentralización. Hacia finales de año, cuando la Procuraduría ya había dicho que Ancash era la región con la mayor cantidad de casos de corrupción, más que Lima, César Álvarez fue premiado en el Parlamento, en una mesa donde estaba sentado el propio contralor. Y fue premiado porque era el mejor ejecutor de fondos público de todo el aparato estatal, cuando ya se sabía que buena parte de los proveedores simplemente no existían.
-¿Sirve para algo la Contraloría?
-Debería servir. Tiene un encargo constitucional importantísimo que es el vigilar la ejecución de fondos públicos.
-¿Pero está sirviendo?
-No sirve de nada. La Contraloría ha llegado mal y tarde a todos los grandes casos de pérdida de dinero del Estado.
-¿Y eso es un tema de la conducción actual de la Contraloría o ya la institución está podrida?
-Ambos, porque hay algo tan elemental como que los órganos de control que existen en cada institución pública que dependen administrativamente de la Contraloría, dependen presupuestalmente del sector que ellos deben fiscalizar. Es decir el que es fiscalizado en un ministerio le paga el sueldo al representante del OCI (Órgano de Control Institucional). Eso es absolutamente inconveniente.
-¿Y lo puede despedir?
-En coordinación con la Contraloría, pero le paga el sueldo. A fin de mes le deposita el sueldo la institución que él tiene que investigar, que tiene que vigilar y supervisar. Eso que es tan elemental no se discute en el Parlamento para su modificación.
-¿Y en el caso del Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)?
-Hay un déficit. Tendría que ser una labor complementaria con la Contraloría, pero a la luz de las estadísticas – y ni siquiera te hablo de percepciones, son datos - casi el 70 por ciento de los casos de corrupción en el país corresponden a Peculado y Colusión. El Peculado se refiere a compras estatales. De ahí te das cuenta si está funcionando o no. Definitivamente no.
-¿Y que se tendría que hacer para que funcione?
-Yo creo que hay un viejo dilema en cualquier sistema anticorrupción que tiene que ver con eficiencia versus transparencia. Muchas veces los empresarios se quejan de la tramitología, de que eso puede provocar escenarios de corrupción. Y si bien la excesiva burocratización de los trámites puede generar espacios de corrupción, también los pueden generar la flexibilización absoluta y el relajamiento de los controles. Hay que encontrar el punto medio y lamentablemente creo que no es el objetivo del legislador.
-¿Ha sido relevante la creación de la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción (CAN)?
-Hizo algunas cosas que no se habían hecho. Es decir, presentó algunas propuestas interesantes. Trató de dar un impulso al diseño normativo para luchar contra la corrupción pero se estrelló contra la pared. Creo que no ha habido – y además claramente se fue diluyendo – la intención de enfrentar seriamente a la corrupción desde el gobierno. Y eso limitó muchísimo el trabajo de la CAN. Pero no solo desde el gobierno, por ejemplo la CAN se estrelló contra la negativa de la CONFIEP de aprobar el proyecto de responsabilidad penal de personas jurídicas. Se presentó un proyecto que pasó por el tamiz de los empresarios y ellos dijeron que no había forma, que ya bastaba con que los representantes tengan responsabilidad penal.
-¿Y por qué la CONFIEP quiere que continúe la responsabilidad penal solo en los gerentes?
-Porque no quieren que le toquen el capital.
-¿Qué implica la responsabilidad penal de las empresas?
-Que se puede embargar o cerrar una empresa. Que pague multa o que en última instancia se cierre. Pero se opuso la CONFIEP. Otra propuesta (fallida) de la CAN fue la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, apoyada por los que tenemos alguna experiencia en el tema. Creo que la CAN ha fracasado por eso y además porque todo el estándar de transparencia que prometió el gobierno ha sido una promesa incumplida más.
-Finalmente, y desde tu experiencia, ¿cómo fortalecerías el rol del procurador anticorrupción?
-El modelo no favorece la absoluta idoneidad del procurador en este momento. Por ejemplo sería conveniente que la procuraduría no dependiese del Ministerio de Justicia. Es decir debería ser un ente autónomo.
-¿Cómo?

-La procuraduría anticorrupción debería integrar una Procuraduría General que sea independiente del poder político, para emplazarlo cuando sea necesario. Eso, más allá de la buena voluntad y de la competencia de algunos procuradores, no se ve favorecido con el esquema actual. Puede ser un órgano constitucionalmente autónomo como es la Contraloría o como es la Defensoría del Pueblo.


(Fotos: Omar Olivares)


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Escrito por

Carlos Bedoya

Periodista y abogado. Interesado en política, economía y sociedad @cbedoyam


Publicado en

Disidencias

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