Si la democracia consiste en elegir autoridades para que hagan lo que les dé la gana, solo respetando los intereses de las élites del poder económico, entonces el Perú es el país más democrático del mundo. Eso lo hemos visto especialmente en 2011, cuando ganó un frente popular del cambio en las urnas, pero se impuso el partido del dinero en el gobierno. Lo triste es que desde allí se condene a Venezuela.

Porque al no reparar en el contenido de las instituciones políticas usadas a diario en los medios, es fácil terminar defendiendo intereses políticos encubiertos. ¿Qué es democracia? o ¿qué es gobernabilidad y para qué sirve? son cosas que se dan por sentadas, que no se cuestionan, que se consideran universales.

Así, da lo mismo las formas de la democracia liberal de la Europa posguerra; que los procesos de democratización nacional-popular impulsados por el aprismo, el peronismo o el varguismo fuertemente reprimidos por sus respectivas oligarquías en la América Latina del Siglo XX, lo que llevó a una ola de dictaduras militares.

Con esa mirada es imposible encontrar diferencias entre las posteriores transiciones democráticas neoliberales de la región, y los gobiernos progresistas que llegaron luego como respuesta al desmontaje de la protección social y la privatización estatal del Consenso de Washington.

Y no se trata de una confusión, sino de una operación política que presenta al chavismo como una dictadura con 60 muertos en dos meses. Por eso no se dice que a diferencia del Perú, en Venezuela la policía no controla manifestaciones con armas de fuego, ni tampoco que la mayoría de esos muertos son chavistas, incluido uno al que prendió fuego un grupo de ultras camuflados de demócratas.

Para agudizar el conflicto se compara absurdamente a Venezuela con Siria. No hay parangón posible. El único país que podría compararse en la región y solo por el número de muertos, sería México con 16 mil fallecidos en el 2016 por la guerra del narcotráfico.

Pero la aplanadora mainstream de lo políticamente correcto pone a la defensiva a quien desde una posición crítica distante de las derechas y de la política pro Estados Unidos desea entender qué se juega en Venezuela.

El gobierno de Maduro se apoya fuertemente en la base social chavista y en los recursos de la empresa estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.), aunque esta última es además el factor central de la disputa entre el gobierno y la oposición. El 95% de las exportaciones venezolanas son petróleo y ya son muchos años que las élites anteriores a Chávez no las controlan.

El petróleo venezolano que financió por décadas casi a una sola clase social, pasó con Chávez a financiar a los excluidos mediante las misiones (programas sociales de educación, salud, vivienda, cultura, ambiente, ciencia, etc.) y ciertamente le dio un protagonismo que marco a América Latina entre el 2002 y el 2013. De allí que hay un eje geopolítico intersectado con la disputa interna del petróleo que también explica la insurrección que muchos (desde dentro y fuera) quieren llevar a guerra civil. En efecto, la crisis de especulación económica, de inestabilidad política y de protesta social que vive Venezuela se entiende mejor así, que en el eje democracia/dictadura en el que nos han metido a discutir.

Y no solo Maduro ha jugado a la polarización constante. La oposición en la calle y en el parlamento también. Por esto, la salida no podrá ser unilateral. El diálogo y la distención entre el gobierno y la oposición democrática (la que deslinda de la violencia) se imponen, pero ambos tendrán que entender que nadie va a pactar en contra de sí mismo.