No es sensato ponerse de parte de ninguno de los dos lados en el lío de las procuradoras despedidas por la ministra Pérez Tello. Ni solidarizarse con las procuradoras, que más que luchar contra la corrupción parecen buscar fama. Ni respaldar al gobierno, que tiene a un presidente metido hasta el cuello en el caso Lava Jato, aunque todavía la prensa concentrada y los dueños del Perú le estén echando un cable para no desatar una crisis de proporciones. 

Ya son varias veces que vemos procuradores con juego propio que muerden la mano de autoridades o políticos con los que trabajan. En 2014, la procuradora Yeni Vilcatoma puso en aprietos al gobierno de Humala con el caso La Centralita, al grabar ilícitamente al exministro de Justicia Daniel Figallo. En 2015, Julia Príncipe hizo lo mismo con las agendas de Nadine, declarando en medios contra la exprimera dama sin autorización de su sector. Lógicamente, ambas fueron despedidas con un gran costo político. En 2016, Vilcatoma volvió a la carga, esta vez como congresista de Fuerza Popular. Y este año el chamuscado es PPK. En todos estos casos hay una especie de ofensiva política quintacolumnista.

Keiko Fujimori invitó a Vilcatoma a su lista congresal en 2016 sin anticipar que la abogada “anticorrupción” le traería la primera baja del mototaxi. Alguien que graba a un funcionario para destruirlo no es de fiar. Vilcatoma actuó igual que el excontralor Edgar Alarcón, aunque ella por lo menos tuvo el coraje de admitirlo. Pero como en el fujimorismo esas prácticas son parte de un legado histórico, no hubo mayor reparo en la invitación, aunque después no les quedó otra que expulsar a la rebelde para controlar daños.

En cambio, en lo de PPK sí puede haber perjuicios irreparables. La procuradora ad-hoc para el caso Lava Jato, Katherine Ampuero, deja su cargo hablando de la ruta del dinero sucio de Odebrecht que vía paraísos fiscales habría llegado a empresas del presidente. De hecho, PPK no solo está muy relacionado con el impulso de la interoceánica, hoy reconocida como obra corrupta, sino que fue activo promotor de la planta de licuefacción Melchorita que Odebrecht construyó. Ni que decir sobre el edificio de la constructora brasileña en San Isidro, donde PPK tenía sus oficinas.

Que caro le está saliendo al presidente el gesto político oportunista de reivindicar a Julia Príncipe al inicio de su gobierno, cuando le dio casi un grado simbólico de zarina anticorrupción. De arranque ha tenido que pagar el precio de destituirla días antes de 28, como medida urgente para librarse de una enemiga camuflada en casa.

Eso de que Príncipe y Ampuero están bien botadas porque no cumplieron con la ley es solo un pretexto, pues no se podía decir el verdadero motivo: ambas desarrollaban una estrategia que apuntaba a la cabeza de PPK. Y ese es el tema de fondo: el grado de involucramiento del primer mandatario en el caso de corrupción más grande de los últimos tiempos.