Si en algo coinciden todas las expresiones de izquierda en el Perú, es en su oposición al régimen nacido del golpe del 5 de abril de 1992, y su partida de nacimiento: la Constitución Fujimorista de 1993, que hasta la actualidad rigen la vida del Estado peruano. Ese consenso político (sistema cerrado), económico (neoliberal) y social (restrictivo de derechos) de las élites peruanas es el principal enemigo de todas las izquierdas peruanas. De ahí que su bandera central sea una nueva constitución, la misma que está presente casi en todos los programas izquierdistas de los últimos años. 

Sin embargo, y a pesar de la buena perfomance electoral de Verónika Mendoza en las elecciones del 2016, y la sorpresa que significó la votación de Gregorio Santos desde la cárcel, imposibilitado de hacer campaña en ese mismo proceso electoral, hoy las izquierdas parecen estar ausentes de la política.

Ninguna de las consignas como “Ante la mega corrupción, nueva constitución”; o “Para una real construcción, nueva constitución”, aparecen situadas en los medios o el debate público.

Mi impresión es que no solo se trata de un veto en el periodismo mainstream, sino de que viven algo que llamo el “drama del registro” ante el Jurado Nacional de elecciones (JNE), y que parece estar en el centro de su táctica, tanto de aquellas organizaciones que lo tienen, como de las que lo necesitan con urgencia. Veamos.

Lo que el huaico se llevó

La coyuntura política peruana cambió dramáticamente tras los devastadores embates del Fenómeno del Niño Costero, en especial cuando a partir de la quincena de marzo, la propia ciudad capital se vio afectada.

Hasta antes de esa fecha y a pesar de que las inundaciones ya se hacían sentir en la zona urbana y rural de la costa norte del país (Chiclayo, Piura y más), la escena política nacional estaba copada con el lío de la mega corrupción del caso Lava Jato que involucraba – en mayor o menor medida – a todos los mandatarios del periodo denominado como transición democrática (2001-2016): Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y el propio PPK.

De allí que algunos analistas hablaban de una crisis de régimen. Precisamente de ese régimen que comenzó con la renuncia vía fax de Alberto Fujimori a finales del año 2000, a poco de iniciar su tercer mandato. La crisis del régimen de la transición.

Este régimen puede ser descrito como el de una alianza partido-empresarial que mantuvo intacto el consenso económico de la Constitución Fujimorista de 1993 (fruto del autogolpe de 1992). Una transición de tímidas reformas a inicios de siglo, centradas en mecanismos de participación y concertación ciudadana, una pequeña apertura en la participación política electoral (hoy revertida), algo de transparencia y punto, dejando intacta la mayor parte de los legados de Alberto Fujimori. Un fujimorismo económico sin Fujimori.

En efecto, todos los partidos que llegaron al gobierno en ese periodo fueron heridos casi de muerte al hacerse públicas las delaciones de los funcionarios de Odebrecth y otras empresas constructoras brasileñas que usaron prácticas corruptas como la manera principal de hacer negocios con el Estado.

Perú Posible (Toledo) se disolvió; el Nacionalismo (Humala) no existe más allá de Ollanta/Nadine y los dos o tres con quien fundaron su partido; el APRA y su imposibilidad de hacer un nuevo congreso partidario que saque al cogollo alanista de su conducción; y Peruanos Por el Kambio (PPK) que en los hechos no es más que un eslogan.

Por el lado del empresariado, la crisis también se desató cuando la constructora Graña y Montero (vinculada a la familia Miró Quesada y al Grupo El Comercio) fue puesta en el ojo de la tormenta, al igual que otros miembros de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), socios de Odebretch en mega proyectos de infraestructura como la carreteras interoceánicas, la irrigación de Olmos, entre otros.

La caída de Graña involucró pérdidas en los fondos de pensiones privados administrados por grupos financieros como el Grupo Romero (Banco de Crédito del Perú, AFP Primax, Seguro Pacífico, etc.).

En general, se desató el desorden y la conflictividad al interior de las élites del poder económico, lo que tuvo varios efectos, como que el liderazgo de su gremio más representativo, la Confiep, tenga que ser asumido por uno de los empresarios con mayor poder y manejo político: el minero Roque Benavides de Buenaventura, uno de los dueños de Yanacocha.

Para fijar un punto de partida de la crisis de régimen que se desató a finales del 2016 e inicios del 2017, podemos identificar la orden de prisión preventiva dictada contra el expresidente Alejandro Toledo (hasta hoy requisitoriado por la justicia peruana). En ese momento la crisis política empezó a escalar rápidamente en las más altas esferas del poder local.

En medio de este caos, las derechas peruanas (pero ninguna de las izquierdas) empezaron a trabajar tres escenarios a fin de dar salida a esta crisis. Varios analistas izquierdistas los dibujaron y debatieron. Cada uno de estos escenarios (hoy arrasados por el huaico) tuvo sus operadores y sus problemas, pero eran viables teniendo en cuenta las correlaciones de fuerza existentes. A continuación un resumen:

Escenario 1: La defensa del sistema, cogobierno entre PPK y Fujimori

Impulsado arduamente por periodistas con cierta influencia como Jaime De Althaus (conductor del programa televisivo la Hora N) y analistas como Víctor Andrés Ponce (director del portal de opinión El Montonero y uno de los ideólogos de Fuerza Popular). La idea central era la defensa del consenso económico-político de 1993 ante el riesgo de la aparición de fuerzas anti sistema. El gran problema de este escenario era que el fujimorismo pagaría altos costos políticos por verse vinculado a un gobierno débil como el de PPK, poniendo en riesgo sus posibilidades de victoria en las elecciones del 2021.

Escenario 2: Vacancia de PPK

Trabajado directamente en la campaña política #ConMisHijosNoTeMetas, cuyos principales voceros como el conocido conductor radial Phillip Butters, pedían sin mayor empacho la cabeza de miembros del gabinete e incluso del propio presidente, usando como pretexto que una “ideología de género” infiltrada en el currículo escolar amenazaba con homosexualizar o transgenerizar a los escolares. Medio fujimorismo acompañó esta ofensiva con el fin de generar la masa crítica que apoye la caída del gobierno en el contexto Lava Jato, aderezado por la crisis del Aeropuerto de Chincheros.

La campaña de marras, promovida por iglesias evangélicas fundamentalistas y parte de la iglesia católica, tiene alcance internacional (Brasil, Colombia, etc.), y se articuló muy bien en el Perú con la bancada de Fuerza Popular, cuya mayoría y control en el Parlamento es suficiente para vacar a PPK por incapacidad moral al mandatario.

Los problemas de este escenario (muy factible como alertaba Rosa María Palacios antes de los huaicos) siempre fue el timing, a fin de no dar la idea de un golpismo fujimorista que traiga reminiscencias del 5 de abril, y conecte las intenciones políticas de Keiko Fujimori con la dictadura de los noventa. Con todo, la maquinaria se echó a andar y el primer paso en claro fue la moción de interpelación del ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, también vicepresidente y por tanto segundo en el orden de la sucesión presidencial. Esto fue una de las primeras cosas que se llevó el huaico.

Escenario 3: Pacto de impunidad

Muy parecido al primer escenario, pero con la inclusión del cogollo alanista, es decir del Apra realmente existente. Su principal operador, el propio Alan García desde España. A pesar de la gran influencia del expresidente peruano, quien no dudó en mover todos sus contactos a fin de administrar la crisis de la mejor manera, el mayor problema fue siempre el nivel de supranacionalidad del caso Lava Jato. Al menos tres sistemas de justicia movilizados además del peruano: Brasil, Suiza y Estados Unidos. Este escenario fue el menos probable de los tres pero allí se estaba moviendo.

La nueva coyuntura tras los huaicos e inundaciones, se trajo abajo estos tres escenarios, especialmente el que parecía cada vez más viable: el de la vacancia. No obstante, es importante notar que ninguno de los tres escenarios (ni la posibilidad de que surja un cuarto escenario) pudo ser operado por las izquierdas peruanas.

Ninguna de las dos fracciones de la izquierda parlamentaria del Frente Amplio, ni la izquierda que controla las centrales sindicales; ni mucho menos las agrupaciones regionales de este campo, pudieron plantear un cuarto escenario donde se cuestione el consenso de 1992.

“Ante la mega corrupción, nueva constitución”, casi ADN de la propuesta política de la mayor parte de las izquierdas peruanas en la actualidad, no fue siquiera deslizado en algún sector de la opinión pública.

Las izquierdas en el Perú quedaron completamente por fuera de la gestión de la crisis Lava Jato. Pero en todo caso, el escenario que más le convino en ese momento fue el del cogobierno o pacto de impunidad, pues no había condiciones para encarar una elección presidencial en el corto plazo.

Peor aún, hoy que los escándalos de Odebrecht y compañía han pasado a un segundo plano, y que la nueva coyuntura es la reconstrucción del país, dando la posibilidad y el aire necesario a PPK para llegar hasta el 2021 (incluso con éxito), tampoco las izquierdas parecen tener la capacidad (o vocación) como para ser un actor de peso en esta nueva situación política.

A pesar de la buena performance de Verónika Mendoza en las elecciones del 2016, las izquierdas están en posición de off side. A simple vista es como si hubiera una vocación de marginalidad, o deseos por ser nada. Al menos, la ruptura del Frente Amplio (FA) se puede interpretar de esa manera.

El drama del registro

Dentro de la izquierda electoral, podemos contar al menos cuatro bloques relevantes llamados a enfrentar los retos de la actual coyuntura de la reconstrucción y los posteriores procesos electorales del 2018 y el 2021: 1) Frente Amplio (FA), 2) Nuevo Perú, 3) Más Democracia, y 4) el Frente Unete (hoy aliado con el Partido Humanista en el naciente Frente Nueva República).

Cuatro izquierdas - que más allá de matices programáticos en la intensidad o velocidad de las reformas - no tienen más motivos de división o falta de convergencia que la ausencia real de voluntad por querer gobernar.

Todos están más preocupados en el registro electoral ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que en hacer política. Quienes tienen el registro lo usan para imponer condiciones – casi barreras - a la convergencia con el resto; y quienes no lo tienen, centran su preocupación y tarea política casi exclusiva en ello, dejando de participar en el debate nacional.

Hagamos un pequeño examen de estas cuatros izquierdas. Si bien, también existe el partido Perú Libre de Vladimir Cerrón (con registro) y otras organizaciones más pequeñas, solo nos centraremos en estas:

1. Frente Amplio (FA) controlado legalmente por el partido Tierra y Libertad (TyL) del actual congresista Marco Arana.

Un mejor nombre para este bloque sería el de Frente Estrecho (FE) porque ni bien pasó la elección del 2016, Arana y sus operadores, cerraron el padrón de militantes para que nadie ingrese, excluyendo a sus propios aliados que siendo parte del FA en campaña, nunca se inscribieron en TyL, único aparato político reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como la vía para ser parte de la institucionalidad oficial del FA.

En la práctica siempre hubo dos FA: el FA el político donde Verónika Mendoza era la líder indiscutible, y el FA burocrático, donde Arana decide. El resultado fue que hasta los propios congresistas electos que no eran miembros de TyL quedaron excluidos de lo que se suponía debía ser el estado mayor de la izquierda peruana. Ya a fines del 2016 el FA explotó y Verónika Mendoza decidió construir una propia organización política denominada Nuevo Perú.

Lógicamente, el FA burocrático de Marco Arana conservó el registro electoral que venía de TyL, y podrá participar sin problemas en las elecciones poniendo condiciones a quien se le acerque para candidatear, por ejemplo a la alcaldía de Lima. Eso sí, la principal condición de Arana siempre será que el candidato/a no tenga nada que ver con Nuevo Perú. Así de triste.

2. Nuevo Perú liderado por Verónika Mendoza.

Tras la ruptura con Arana, y la crisis en su propia organización política creada para entrar al FA (Sembrar), Verónika y sus operadores más cercanos decidieron crear un partido propio.

Si bien se afirmó al inicio que se trataba de una organización que buscaría el registro electoral para mantenerse dentro del FA y hacer contrapeso a TyL a la interna (oponer un registro electoral a otro es una onerosa forma de mantener la unidad); se trata en realidad de un proyecto completamente separado de la organización que hoy maneja Marco Arana. Van a ir separados y no hay posibilidad de convergencia, ni siquiera en términos de táctica electoral. La destrucción moral que ha ocasionado la demora en resolver la crisis de convivencia dentro del FA, apenas permite la coordinación parlamentaria.

A la fecha el FA parlamentario se mantiene unido solo debido a las nuevas normas que regulan el “transfuguismo”, lo que deja en el limbo (o en condición de parias) a quienes traten de formar un nuevo bloque congresal.

De los 20 congresistas que llegaron de la mano de Mendoza, nueve son parte de Nuevo Perú (aunque algunos de ellos parecen moverse con cierta autonomía). Los otros once responden a Arana.

El gran problema de Verónika Mendoza es que no tiene registro electoral y en las actuales condiciones del Sistema de Registro de Organizaciones Políticas en el Perú, es casi imposible que pueda conseguir la legalidad necesaria para participar sin alianzas de las elecciones del 2018 o el 2021. Además de otros requisitos, se necesitan aproximadamente 800 mil firmas válidas, lo cual implica presentar al menos 3 millones de firmas para su depuración ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Solo los costos administrativos que implica la revisión en el JNE se acercan a 1 sol por firma presentada (o sea 3 millones de soles o más solo en la presentación).

Si a ello se suma el costo que implica la propia recolección de las firmas en las calles y plazas, estamos hablando de una suma de dinero inalcanzable para una fuerza política que no tiene al sector empresarial en su militancia.

Paradójicamente a lo expuesto, no se trata de un problema de plata, sino centralmente de la elitización del registro electoral peruano. Y eso un tema político que tiene que ver con los candados del sistema que solo permiten inscribirse a los partidos vinculados a las élites del poder económico o en un acuerdo con ellas. Pero a pesar de que es un problema político, la campaña de recolección de firmas de Nuevo Perú no toma esta bandera. No explicita que la salida al drama del registro, además de una política inteligente de alianzas, es precisamente democratizar la política. Una campaña por la reforma política que además busque firmas para inscribirse es central para partidos como Nuevo Perú. En tal sentido, la campaña de recolección de firmas de Mendoza carece precisamente de política, y de ahí la principal causa de lo que será su fracaso.

Sin duda, Mendoza tendrá que aliarse o con Más Democracia de los hermanos Alcántara y Gregorio Santos, o con el recién nacido Frente Nueva República, integrado por el Partido Humanista de Yehude Simon (con registro) y el Frente Unete; o con otras fuerzas con registro. Es decir, tiene que apostar a la convergencia.

El gran problema es que Nuevo Perú parece haber desarrollado una línea política algo soberbia debido a una errónea interpretación del arrastre electoral de Mendoza en el 2016. Bajo la consigna “ya vendrán” o “primero construyamos Nuevo Perú y luego veamos alianzas”, se ponen barreras a otros políticos de izquierda que quieren reunirse hace rato con la excandidata presidencial y no lo logran.

No es que Mendoza tuvo los millones de votos en las elecciones del 2016 por ser ella (sin duda tiene excelentes dotes políticos como lo demostró), sino porque se logró introducir en una corriente nacional-popular que andaba buscando candidato. Lo que pasa es que hasta ahora Verónika mantiene ese espacio y esa es su gran ventaja respecto al resto.

A lo mejor la experiencia de algunos de los aliados de Mendoza como varios de los integrantes del Partido Socialista, fundado por el extinto Javier Diez Canseco, pueda hacer de bisagra con las demás izquierdas.

3. Más Democracia, aún registrado ante el JNE como Democracia Directa.

Partido vinculado al movimiento social de los “fonavistas”, y todavía controlado por los hermanos Alcántara, conservó su inscripción a pesar de que no colocó congresistas en el Parlamento (no pasó la valla congresal), pero sí pasó la valla del 5 por ciento de los votos para la elección del Parlamento Andino, que se dio de manera conjunta con la elección presidencial de primera vuelta y congresal en abril de 2016.

Su líder político es Gregorio Santos, quien postuló a la presidencia desde prisión y a pesar de la imposibilidad de hacer campaña (solo se le permitió ir a los debates entre candidatos promovidos por el JNE), logró un importante apoyo electoral. Hay quienes dentro de la izquierda lo responsabilizan por frustrar el ingreso de Verónika Mendoza a la segunda vuelta.

En este momento, Más Democracia ha convocado de manera pública a la ciudadanía a inscribirse en sus padrones. Ha abierto su registro y según Santos, el control de ese instrumento electoral dejará de ser exclusividad de los hermanos Alcántara.

El problema de Gregorio Santos es que tiene una imagen deteriorada, ya que ha sido vinculado a procesos de corrupción, por lo que viene afrontando en libertad varios procesos penales. Su gran reto es construir un relato de cómo es que fue un preso político durante 25 meses (sin sentencia) por haber echado abajo el proyecto minero Conga de Yanacocha.

Si logra hacerlo y reconstruir su imagen, podría tener mayor chance tanto en una posible convergencia con las demás izquierdas como en vencer varias resistencias que tiene ante el gran público. Aunque, la actual coyuntura política marcada por la reconstrucción tras los huaicos, es menos conveniente para él. En la anterior coyuntura, la de crisis de régimen por el caso Lava Jato, él tenía más chance de actuar ya que es visto como un candidato anti sistema.

En la actualidad Santos la tiene difícil en términos de convergencia. Mendoza se ha negado en varias ocasiones a reunirse con él, y del lado del Frente Unete tampoco hay buenos puentes, tomando en cuenta que Gregorio Santos tuvo una fuerte ruptura con su expartido Patria Roja (parte importante de Unete), así como el hecho de que los hermanos Alcántara rompieran la alianza en ciernes con Unete para las elecciones del 2016 (lo que dejó sin piso a Gonzalo García, candidato por Unete). Asimismo, hay aún sangre en el ojo entre Santos y Salomón Lerner (una de las principales figuras en Unete) por la coyuntura del conflicto Conga del 2011, cuando Lerner era primer ministro y Santos, gobernador regional de Cajamarca.

4. Frente Nueva República: Unete, integrado por los dos viejos partidos comunistas (PC Unidad y PC Patria Roja), el movimiento “Ciudadanos por el Cambio” de Salomón Lerner, el Partido Fuerza Social (sin Susana Villarán); y el Movimiento por el Socialismo (antes Voz Socialista) .

Unete es lo más cercano a lo que se puede llamar la izquierda tradicional peruana. En realidad, tanto en sus modos, como en sus ritmos e imagen luce como una izquierda antigua. Al igual que Nuevo Perú, sufre el drama de no tener registro electoral, lo que los dejó sin juego alguno en las elecciones del 2016.

Sin embargo, han logrado mantenerse unidos y nuevamente están a punto de hacer una alianza que les permita participar de las elecciones con registro. En el periodo anterior fracasaron al menos en dos ocasiones: 1) con el Partido Humanista de Yehude Simon (que no cumplió los acuerdos iniciales y postuló solo), y 2) con Democracia Directa (con quien entró en contradicciones en las elecciones internas previas a las elecciones).

El candidato de Unete hasta el momento es Gonzalo García Nuñez, un solvente tecnócrata que le da seriedad programática al frente y es la carta de Unete para integrar cualquier plancha de la izquierda.

Nuevamente, Unete acaba de formar una alianza con el Partido Humanista de Yehude Simon, con quien se ha recompuesto relaciones. Junto a más personalidades del centro político han llegado al acuerdo de formar el Frente Nueva República, que se formalizaría en mayo. Un frente de izquierdas con registro y por tanto hábil para participar en las elecciones del 2018 y 2021.

Este acuerdo tiene anticuerpos en sectores de la izquierda, por el pasado de Simon como premier de Alan García (baguazo). De allí que lo mejor es que él se repliegue al espacio regional de Lambayeque, donde ya fue gobernador, dejando el campo nacional a otros líderes y así controlar algunos daños. Además, tanto Simon como otros políticos del naciente Frente Nueva República ven con buenos ojos una convergencia mayor con Nuevo Perú de Verónika Mendoza. De hecho lo único medianamente viable en términos de convergencia entre izquierdas en la actualidad.

Si se concreta un acercamiento Nuevo Perú – Nueva República, dejando atrás el drama del registro o mejor dicho resolviéndolo, convocando a más izquierdas, y además se entra en el eje de la reconstrucción con propuestas viables y planteando un adversario claro (por ejemplo las élites que ganaron en las épocas de boom pero no se interesaron en la infraestructura adecuada para la población, etc.), podríamos tener algún tipo de izquierda competitiva de cara a los procesos electorales del 2018 y el 2021, pero eso es dibujar escenarios post huaicos. Veremos.